Os doy la bienvenida a esta nueva entrada de mi blog. En esta ocasión quiero plantear una cuestión que, a pesar de parecer resuelta desde hace mucho tiempo, quizá no lo esté tanto como creemos. A día de hoy prácticamente nadie discute que la educación sea un derecho fundamental, ¿no?. Esta es una cuestión que parece tan evidente que rara vez alguien se detiene a cuestionarlo.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre considerar la educación un derecho y aceptar que también sea una obligación. Y es precisamente ahí donde comienza el conflicto.
En la mayoría de países desarrollados no solo se garantiza el acceso a la educación, sino que además se obliga legalmente a los menores a asistir a la escuela durante una determinada etapa de sus vidas. Esto significa que la educación deja de depender completamente de la voluntad individual o familiar y pasa a convertirse en algo regulado por el Estado. A simple vista esto puede parecer lógico e incluso necesario. Al fin y al cabo, ¿qué sociedad querría que los niños de la misma no se eduquen? El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos únicamente si la educación es importante, que claramente lo es, y comenzamos a plantearnos algo mucho más incómodo: ¿quién tiene realmente el derecho de decidir cómo debe educarse un niño?
Ante esto, nos surgen tres posibles respuestas: el propio niño, la familia o el Estado. Sin embargo, ninguna de estas opciones está libre de problemas, y probablemente esto sea lo que hace el debate incómodo.
La primera posibilidad sería que el propio menor decidiera. A simple vista puede parecer la opción más respetuosa con la libertad individual. Al fin y al cabo, vivimos en sociedades que defienden constantemente la autonomía personal y la capacidad de cada individuo para decidir sobre su propia vida. Siguiendo esa lógica, podría parecer contradictorio que una persona no pueda decidir cómo quiere educarse o incluso si desea formar parte del sistema educativo tradicional, ¿no?.
Sin embargo, esta postura presenta una dificultad bastante evidente. Un menor todavía no ha desarrollado completamente su capacidad de razonamiento, por lo que no es capaz de tomar decisiones en las que piense en su bien a futuro. Además, muchas decisiones relacionadas con la educación son prácticamente irreversibles. Un niño que decide abandonar completamente su formación quizá no sea consciente de cómo eso puede afectar al desarrollo de su persona tanto en ámbitos laborales como emocionales y racionales.
La segunda posibilidad sería que la familia tuviera plena autoridad sobre la educación del niño. Probablemente sea la postura que más intuitiva nos resulte, ya que solemos asumir que los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos. Además, muchas personas consideran que el Estado no debería intervenir en cuestiones tan personales como la crianza o la educación del niño. Desde esta perspectiva, que el Estado obligue a escolarizar a un menor podría interpretarse como una invasión de la libertad familiar y del derecho de los padres a transmitir sus propios valores o creencias.
Sin embargo, esta postura también presenta bastantes problemas. Confiar plenamente en las familias implica asumir que todas tienen el criterio y los recursos necesarios para garantizar el mejor desarrollo posible del menor, algo que claramente no siempre ocurre. Pues muchas familias no cuentan con los recursos económicos necesarios para brindar una educación digna al menos, o simplemente no lo consideran necesario.
Ante esto me surgen dos cuestiones realmente incómodas: ¿hasta qué punto los hijos pertenecen realmente a sus familias? Aunque normalmente se asume que los padres tienen autoridad sobre sus hijos, también es cierto que los menores son individuos con derechos propios y con un futuro que, en teoría, debería ir más allá de las decisiones de sus padres. Y en el caso de que la educación del hijo recaiga en los padres, ¿puede el derecho de una familia a educar libremente justificar que un menor crezca con menos oportunidades o conocimientos que el resto de la sociedad?
La tercera posibilidad es que sea el Estado quien tome la decisión. En cierto modo, es el modelo predominante actualmente en la mayoría de países del mundo. Gracias a ello se garantiza, al menos en teoría, que todos los menores tengan acceso a una educación básica común, independientemente de su contexto familiar, garantizando igualdad de oportunidades. Además, la escuela no sólo transmite contenidos académicos; también enseña otras cosas necesarias para el funcionamiento de una sociedad como normas de convivencia o valores.
Sin embargo, esta postura también tiene aspectos bastante cuestionables. Que sea el Estado quien determine qué debe aprenderse, cómo y cuándo implica aceptar también cierto grado de imposición. Pues al final es este quien termina decidiendo qué conocimientos son importantes y cuáles no, qué valores deben transmitirse y qué modelo de ciudadano se considera deseable. Y aunque esto pueda parecer necesario para mantener el orden social, también da lugar a una cuestión inquietante: ¿dónde está el límite entre educar y controlar?
A lo largo de la historia, numerosos gobiernos han utilizado la educación como una herramienta ideológica, pues los sistemas educativos nunca son completamente neutrales ya que reflejan una determinada visión política, moral o cultural. Esto significa que, cuando el Estado controla la educación, también adquiere una enorme capacidad para influir en cómo pensamos como sociedad. Por ello, aunque el objetivo pueda ser proteger al menor y garantizar su acceso al conocimiento, también cabe preguntarse si esa protección puede acabar convirtiéndose, en una forma de control social.
Así, cualquiera de las tres alternativas parece implicar un riesgo distinto. Permitir que decida el propio menor supone aceptar que alguien todavía inmaduro tome decisiones con consecuencias enormes para su futuro. Delegar completamente en las familias implica confiar en que todas actuarán siempre en el mejor interés del niño, lo que no siempre es así. Y permitir que el Estado controle la educación garantiza una protección común, pero también otorga a una institución un enorme poder sobre la formación de los individuos.
Y precisamente ahí es donde surge la cuestión más incómoda de todas. Si ninguna de las tres opciones parece plenamente correcta, entonces la pregunta deja de ser quién debería decidir y pasa a ser otra mucho más difícil: ¿qué tipo de riesgo estamos dispuestos a aceptar como sociedad?
Y tú, ¿cuál de estas opciones estarías dispuesto a aceptar? ¡Dale una vuelta!
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